Desde la crisis de mediados de la década de dos mil, las noticias sobre vivienda y vulnerabilidad económico-social han sido frecuentes, variando el nivel de preocupación de la sociedad española en materia de citar. Por ejemplo, en el baremo adelantado del mes de noviembre de 2023, ocupa el lugar noveno de los principales problemas de la sociedad española frente a enero de 2023, en el que se encontraba en el puesto vigésimo. Si se refiere a la afectación personal del problema de la vivienda en el encuestado, tiende a estabilizarse: se encuentra en el puesto octavo en noviembre de 2023 y noveno en enero de 2023. También cabe plantearse que la vivienda como problema puede atisbarse de manera diferente según la parte del territorio nacional en el que se encuentre ubicada, la respuesta estatal, autonómica y local a través de ayudas para vivienda habitual y alternativas habitacionales, así como el nivel de precios y, en particular, la existencia de áreas tensionadas de vivienda, lo que afecta a las sujetas a alquiler.

Nuestro legislador de 2013 apostó por fomentar el mercado del alquiler frente a la preferencia de la sociedad española por la compra de vivienda habitual, que sigue teniendo mayor implantación en España que el de alquiler. En esta línea y en materia de arrendamiento, las reformas procesales y civiles de la última década se diseñaron para  proteger al arrendador en la pronta recuperación de la posesión frente a la falta de pago -principal causa- del arrendatario. En cuanto a la vivienda en propiedad y con los efectos de crisis bancaria de 2008, el propietario con préstamo hipotecario que no podía pagar las cuotas correspondientes a la entidad prestamista se vio abocado al desahucio de su vivienda a través del proceso de ejecución hipotecaria. Dada la alarma social, el legislador de 2013 se centró en la protección del deudor de los devastadores efectos de las ejecuciones hipotecarias incorporando factores de vulnerabilidad económica y social de los propietarios en vías de desahucio de sus viviendas, además de la protección del crédito inmobiliario en la norma de 2019. No se percató de que también fue progresivo el aumento de los desahucios de viviendas habituales arrendadas igualmente vinculadas a situaciones de vulnerabilidad económica y social. La vulnerabilidad en el desahucio de vivienda arrendada no se tuvo en cuenta para la protección de dichos arrendatarios hasta 2019. Durante la pandemia, el legislador protegió al arrendatario afectado en su situación económica por la misma. Otro problema incipiente se refería a la ocupación ilícita de viviendas que fue abordado, a partir de 2018, por el legislador.

En la década de 2013-2023, han sido diversas las reformas procesales, civiles y penales en materia de vivienda que han culminado con la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Esta ley aborda cuestiones tales como los conceptos de vivienda, vivienda digna y adecuada, residencia habitual o infravivienda.

Si se habla de vivienda, la transversalidad está servida, puesto que se aborda desde distintas especialidades jurídicas y afecta a la delimitación del título competencial. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que la vivienda “«no constituye un título competencial autónomo» […], sino que puede recaer bajo distintos títulos competenciales estatales y autonómicos dependiendo de cuál sea el enfoque y cuáles los instrumentos regulatorios utilizados en cada caso por el legislador. Dicha complejidad competencial es consecuencia de las distintas dimensiones constitucionales que presenta la vivienda” como son la económica y la social.

El Tribunal Constitucional ha venido manifestando que, “al legislador estatal, en uso del amplio margen de apreciación del que dispone para adoptar disposiciones en materia social y económica (STC 32/2019, de 28 de febrero, fj 6), le corresponde pronunciarse sobre la adecuación de las bases del derecho contractual a los principios rectores de la política económica y social y, en particular, al derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada consagrado por el at. 47 CE, en conexión con la función social de la propiedad privada reconocida por el art. 33.2 CE, introduciendo, en su caso, las modificaciones oportunas. Todo ello, sin perjuicio de las competencia autonómicas en la materia para desarrollar políticas de protección del derecho a la vivienda”.

Se ha consolidado la referencia al mercado de la vivienda en régimen de propiedad o de arrendamiento tenso o tensionado, de precios de venta o de alquileres inasumibles para una parte de las familias, del acceso a una vivienda digna y de políticas que permitan disponer de un parque de viviendas suficientes o de ayudas para las familias en riesgo de exclusión o que no disponen de renta suficiente para encontrar una vivienda que se ajuste a sus posibilidades económicas a tenor de las reglas del mercado inmobiliario, se habla de desahucio por falta de pago de la renta del arrendamiento y de familias en situación de vulnerabilidad debido a un factor económico, y también es posible hablar del arrendador en situación de vulnerabilidad al no percibir las rentas impagadas y del derecho a la propiedad privada, del principio de igualdad y de no discriminación en el contrato de la Ley por el derecho a la vivienda, de la vivienda en las crisis familiares, del contrato de préstamo de hipoteca de vivienda habitual, de ejecución hipotecaria, de ocupación ilícita de vivienda, cláusulas abusivas y ejecución hipotecaria, entre otras cuestiones de actualidad. Es una materia que ha abierto un largo debate social, reclamando al Estado, a las autonomías y, en su caso, a las corporaciones locales una respuesta que atienda las distintas sensibilidades y derechos en juego, que, desde la Universidad, se ha de abordar en la formación continua.

El objetivo principal del seminario es abordar algunas de las cuestiones relevantes en materia de vivienda a partir de la Ley 6/2023, por el derecho a la vivienda, desde la perspectiva interdisciplinar civil y procesal, completado en la medida de lo posible con la visión social por servicios sociales/asociaciones/ONGs que tengan como objetivo el derecho a la vivienda y la protección de grupos vulnerables.

Los objetivos específicos se centran en los temas seleccionados para el seminario tanto para las sesiones presenciales como a distancia:

• La ejecución hipotecaria. La tasación de vivienda hipotecada.
• La ocupación ilícita de vivienda.
• Principio de igualdad y no discriminación en el contrato de la Ley por la Vivienda.
• Procesos arrendaticios y desahucio.
• Conceptos de la Ley por el derecho a la vivienda.
• Protección de propietarios vulnerables.
• Protección de arrendatarios y arrendadores vulnerables.
• Contratos de créditos inmobiliario.
• Vivienda y crisis familiar.
• Derecho de propiedad y derecho a la vivienda.
• MASC y vivienda.
• Derecho a la vivienda y políticas sociales de las corporaciones locales.

• CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
• CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
• CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
• CE01 - Ser capaz de comprender el funcionamiento y las consecuencias de las normas jurídicas en un entorno. socio-económico concreto y someterlas a crítica, proponiendo mejoras en la legislación.
• CE02 - Ser capaz de argumentar a favor o en contra de posiciones jurídicas relacionadas con una determinada cuestión.
• CE03 - Ser capaz de enunciar propuestas de lege ferenda destinadas a la mejora de la regulación de una institución o sector específico del ordenamiento jurídico.
• CE05 - Tener capacidad para integrar analíticamente materias de varias disciplinas jurídicas.

Se proporcionará durante la celebración del curso.